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Vía Navegable Troncal: el Gobierno Nacional dio de baja la licitación

En la propia Casa Rosada, Adorni en conferencia de prensa expresó que “la única oferta presentada fue la de DEMA, que se ocupó de teñir el proceso de denuncias de faltas de transparencia, demandas ante la Justicia y otras acciones, que desistieron pocos días antes”.

“Es una de las reservas hídricas más importantes del mundo y la principal vía de exportación del país, utilizada para transportar el 805 de los bienes exportados por Argentina. En este contexto, remarcó la necesidad de contar con un operador capacitado bajo los más altos estándares internacionales y el mejor precio”, remarcó Adorni.

El funcionario expresó que “desde el inicio del proceso, el Ejecutivo se comprometió a realizar una licitación transparente y competitiva. Se estableció como condición la cancelación del llamado si solo se presentaba un oferente. Según sus declaraciones, durante el procedimiento hubo ‘presiones’ de sectores políticos, empresariales y mediáticos para modificar los requisitos técnicos del pliego y acusaciones contra el Gobierno por presunto direccionamiento a favor de Jan de Nul, actual concesionaria de la Hidrovía, que finalmente no presentó la oferta”.

Así, el Gobierno Nacional dio respuesta a las impugnaciones de los potenciales oferentes, reafirmando que la Justicia convalidó en tres oportunidades la legalidad del proceso de licitación.

“La única oferta recibida fue la de DEME, empresa que había presentado denuncias previas sobre su supuesta falta de transparencia y desistió antes de presentarse como único competidor”, expresó también el vocero presidencial.

En la misma conferencia de prensa, Adorni dejó en claro que “pese a la inscripción de once empresas en el proceso y la existencia de consultas formales e informales sobre la participación de más compañías, ninguna otra presentó oferta. Ante esto, el Gobierno ordenó una investigación para determinar si DEME ejerció presiones sobre otros competidores o si hubo una posible asociación ilícita en perjuicio del Estado y los productores argentinos”.