El Consejo Portuario Argentino se manifestó preocupado ante la reciente Resolución tomada por la Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante de la Nación por las condiciones que impone el reciente llamado a licitación para la concesión de la obra pública de la Vía Navegable Troncal.

“Contienen errores estratégicos y económicos que tendrán graves consecuencias en mediano y largo plazo para las exportaciones e importaciones y por lo tanto para la economía de nuestro país”, afirmaron desde el organismo.

Al respecto, el presidente del Consorcio Portuario Regional Mar del Plata y prosecretario de la entidad, Marcos Gutiérrez, resaltó la importancia que tiene para la logística el futuro del mantenimiento y desarrollo de la navegabilidad del Río Paraná y el Río de La Plata.

“De avanzarse con la idea presentada por el gobierno nacional se perjudicará significativamente las posibilidad de las economías regionales y el desarrollo federal”, sostuvo Gutiérrez a través de un envío de prensa.

Entre otros cuestionamientos a la privatización de la denominada Vía Navegable Troncal apuntan a la insistencia en el mantenimiento del Canal Emilio Mitre como ruta principal, “tramo que ya ha demostrado ampliamente sus dificultades y altos costos de mantenimiento de calado”.

En el mismo sentido manifestaron desacuerdo con la idea de profundizar y ampliar del Canal Punta Indio “con altísimos costos diferenciales si se suman apertura y mantenimiento frente a la alternativa del Canal Magdalena”.

“Así, las aproximadamente 1500 embarcaciones al año que bajan por el Río Paraná para completar carga en Quequén o Bahía Blanca y otras con rumbo al sur, se verán obligados a recorrer 150km más que si lo hicieran por el Canal Magdalena”, detallaron.

La ruta por el Canal Punta Indio “es prácticamente imposible de ser profundizada a 14 metros y con una solera apropiada para una doble vía, lo que condenaría a la República Argentina a convertirse en Feeder permanente de puertos extranjeros”, explicaron sobre la situación actual.

“Queda claro que el sistema será altamente costoso y requerirá altas tarifas de peaje sin posibilidades de comparación al entregarse todo el sistema a un único operador”, afirmaron además de considerar que su aplicación será “en el marco de dudosa sustentabilidad ambiental, que quedaría supeditada supuestamente a futuros estudios a realizar por el concesionario”.

La dirección del CFP lamentó que con este pliego licitatorio “se haya incurrido en estos errores haciendo que la intención de resolver rápidamente, termine en una solución inconveniente” y en tal sentido manifestaron su expectativa que estas cuestiones “puedan ser revisadas antes de establecer compromisos contractuales de alto perjuicio a los intereses de la economía y la población”.