Las Cámaras empresarias CAPEAR – ALFA, la Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera y Fresquera, la Unión de Intereses Pesqueros Argentinos, la Cámara de Frigoríficos Exportadores de la Pesca, la Cámara Argentina de Armadores de Pesqueros de Altura y la Cámara Empresaria del Golfo San Jorge, le manifestaron a Cazorla a través de un informe, la situación que viven, tal como lo analizó la consultora Invecq.

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El pedido concreto es sobre la suspensión por un año al menos del Derecho Único de Extracción para la flota fresquera, manifestando que se encuentran en una situación de quebranto.

En el mismo encuentro el dialogó recorrió el tema del Plan de Manejo de Langostino, para el que fue solicitado una revisión exhaustiva y se apunte sobre el cuidado y la sustentabilidad de la especie, dejando criterios como la calidad fuera de la discusión, considerando que la calidad justamente la debe marcar el mercado y no el Estado, tal como lo observan los empresarios.

Entre los varios pedidos reclamaron la derogación de la Disposición nro. 4/2023, la que refiere al marcado de las artes de pesca, una normativa que surgió como consecuencia de una recomendación dada por FAO.

Aprovechando la ocasión de poner varios temas sobre la mesa, los representantes de los empresarios le manifestaron a López Cazorla que no es adecuado aplicar esas normas, dado que no se trata de artes de pesca pasivas y que el marcado sugerido les implicaría un costo adicional a los gastos que les cuesta sostener.

“Esperamos que todo lo que se habló en el Consejo haga que se convoque a una mesa de diálogo verdadero, que se puedan bajar los costos y que algo que parece que no es tan costoso no se aplique. Cuando un barco pierde una red no lo hace a propósito. Tampoco la descarta porque quiere, a nadie le gusta perder en el mar absolutamente nada”, le dijo un empresario a este medio.